Por una Ley en la Unión Europea de obligado cumplimiento del “deber de vigilancia” de las empresas y multinacionales.
En Mayo de 2020, Reynders ya anunció la presentación de una Ley sobre debida diligencia sostenible para las empresas como parte del plan de trabajo para 2021 de la Comisión y el Acuerdo Verde Europeo y que se presentaría en el primer trimestre de 2021.
Las citadas ONGs consideran que: ante el deterioro de la Biodiversidad del planeta que ha causado niveles inéditos en la historia de la humanidad y la vida sobre la Tierra; ante la grave amenaza que se cierne en nuestro planeta derivada del Cambio Climático debido a la mala gestión de los recursos, contaminación del aire, de los ríos, del mar, de la pésima gestión de los residuos, de la poca utilización de las energías libres y renovables; ante la destrucción de las riquezas naturales sin control alguno, el tráfico de especies, la caza furtiva, la devastación de las selvas tropicales y bosque boreales que regulan el sistema de vientos planetario y ante el asesinato y violaciones de los derechos humanos de líderes indígenas, campesinos, defensores del medio ambiente, de pueblos sometidos bajo el yugo opresor de multinacionales con consentimiento de los gobiernos, la expulsión de sus tierras a pueblos indígenas que son los verdaderos guardianes de nuestro planeta; solicitan que dicha ley sea contundente y exigente y que no solo abarque a las empresas matrices, sino a las subsidiarias extranjeras o de terceros países y que los responsables de la violación de derechos humanos o destrucción la biodiversidad de nuestro planeta, puedan ser juzgados en los tribunales europeos por los delitos que ocasionen y la obligación de reparar lo dañado bien en materia de medio ambiente, como en indemnizaciones a las víctimas de sus actuaciones irresponsables y delictivas.
Es sabido según afirman las citadas organizaciones, que las grandes empresas trataran de entorpecer la puesta en marcha de esta Ley y que sus lobbies que están presentes como grupos de presión en la Comisión Europea, intentaran que lo que se apruebe minimice al máximo sus responsabilidades.
“Solicitamos igualmente que la Ley sea de obligado cumplimiento para todos los países dependientes de la Unión Europea y que las empresas nacionales de cada miembro, sean vigiladas sus actividades. No se puede mirar a otro lado cuando comunidades enteras de pueblos originarios son expulsadas de sus tierras en beneficio de las multinacionales aunque sean consentidas por los gobiernos de origen, donde se violan los derechos humanos incluido el asesinato o se cometan crímenes medio ambientales.”, ha declarado Pedro Pozas Terrados, Director Ejecutivo del Proyecto Gran Simio en España como representante de las Organizaciones citadas.
Pozas afirma que ya es hora que la Unión Europea active todos los mecanismos legales para combatir el cambio climático extendiéndolo a la responsabilidad de las multinacionales, ya que las palabras o jornadas que se realizan sobre medio ambiente, quedan solo en eso, en palabras para la prensa mediática y después nada, mientras que la destrucción de nuestros ecosistemas vitales continua de forma alarmante.
PROYECTO GRAN SIMIO - PRENSA
FIN DE COMUNICADO
Se adjunta carta íntegra enviada el Comisario de Justicia de la Unión Europea.
Para más información, pueden ponerse en contacto con:
Pedro Pozas Terrados
Director Ejecutivo Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España).
Presidente Internacional del Great Ape Projet
Miembro del Comité Español de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).
Teléfono: 678 708 832
www.proyectogransimio.org
direccionpgransimio@gmail.com
